El Ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos, ha iniciado un amplio debate a nivel nacional sobre el uso de la libertad condicional y otros beneficios penitenciarios, cuestionando cómo los jueces han aprobado las medidas en algunos casos. El tema causó controversia al equilibrar la reintegración social de los presos con preocupaciones de seguridad pública.
Campos expresó preocupación por fallos judiciales que contradicen las recomendaciones del Instituto Nacional de Criminología (INC), entidad adscrita a la Dirección General de Adaptación Social. Según cifras del Departamento de Justicia, 3.421 personas privadas de libertad han solicitado beneficios como la libertad condicional en los últimos años, una cifra que el ministro considera elevada. En la mayoría de estos casos, el INC emitió informes adversos y recomendó que no se proporcionaran dichos beneficios.
Sin embargo, en los últimos cinco años, 456 presos han sido liberados con la aprobación de los jueces de sentencia, utilizando criterios que no siempre coinciden con los del INC. Campos señaló que aunque no ofreció cifras exactas, un porcentaje importante de estos destinatarios acaban reincidiendo y siendo nuevamente detenidos.
El tribunal defendió el proceso en un comunicado, diciendo que las decisiones sobre las asignaciones penitenciarias no son automáticas ni arbitrarias, sino que se rigen por el Código Penal, el Código Penal y la Ley General de Ajuste Social. Estas normas establecen los requisitos legales y de conducta que deben cumplir los reclusos para tener derecho al beneficio, además de otros factores como la duración de su condena y su comportamiento en el sistema penitenciario.
También se sumó al debate el presidente costarricense, Rodrigo Chaves, quien destacó la necesidad de reformar las leyes antes de considerar megaproyectos como la construcción de nuevas cárceles, que calificó como un paliativo insuficiente ante la crisis de inseguridad que enfrenta el país. . Según Chaves, el problema es la falta de medidas efectivas en el sistema penitenciario, lo que dificulta reducir la reincidencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Críticas al sistema de prestaciones penitenciarias
Varios sectores han criticado al poder judicial, argumentando que el sistema de beneficios penitenciarios no siempre cumple con criterios claros y que en algunos casos se percibe como demasiado indulgente. Los críticos dicen que los fallos judiciales parecen ignorar el impacto que estas medidas pueden tener en la seguridad pública, especialmente cuando se aplican a personas condenadas por delitos graves.
El Departamento de Justicia ha recopilado datos que muestran que los beneficiarios de medidas como la libertad condicional o el estatus de fideicomiso provienen en gran medida de condenas por delitos relacionados con la Ley de Sustancias Psicotrópicas, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida y delitos sexuales. Desde el punto de vista del ministro Campos, este tipo de delitos deberían quedar automáticamente excluidos de cualquier posibilidad de beneficio penitenciario por el riesgo que suponen para la sociedad.
Además, el ministerio señaló que las penas más sensibles incluyen delitos contra la libertad, delitos relacionados con la Ley de Sanción de la Violencia contra la Mujer, delitos contra los derechos humanos, la seguridad común, la Ley de Armas y delitos relacionados con el abuso de la opinión pública. funciones. La frustración ciudadana por la reincidencia de algunos delincuentes ha sido particularmente pronunciada, especialmente cuando los esfuerzos policiales no parecen traducirse en resultados duraderos.
«Es comprensible que muchas personas se sientan frustradas cuando los esfuerzos policiales no parecen estar produciendo resultados sostenibles», dijo Campos. «El trabajo de la policía para detener y vigilar a quienes infringen la ley refleja su compromiso de proteger a los ciudadanos».
Perspectiva del poder judicial
En defensa del sistema actual, la Corte Suprema enfatizó que los beneficios penitenciarios no son privilegios, sino herramientas legales diseñadas para facilitar la reinserción social de las personas privadas de libertad. Según se explicó, estas medidas buscan equilibrar el cumplimiento de los objetivos de la política penitenciaria costarricense, que incluyen la rehabilitación, la reinserción social y la prevención de la reincidencia.
Los jueces de sentencia consideran múltiples factores antes de otorgar beneficios. Además del tiempo de estancia del recluso en prisión, evalúan su comportamiento durante el encarcelamiento, sus condiciones personales, familiares y sociales, así como las recomendaciones del INC. Este último proporciona informes técnicos que, si bien no son vinculantes, sirven como una de las principales referencias en el proceso de toma de decisiones.
La Corte también enfatizó que los sistemas democráticos como el de Costa Rica buscan equilibrar los derechos individuales de las personas privadas de su libertad con las necesidades de seguridad de la sociedad. En este sentido, los jueces insisten en que el otorgamiento de beneficios no puede basarse en criterios automáticos ni en presiones externas, sino que debe guiarse por un análisis detallado de cada caso.
¿Reforma o ajuste?
El debate sobre los beneficios penitenciarios en Costa Rica no es nuevo, pero ha cobrado mayor relevancia en el contexto de creciente preocupación por la inseguridad de los ciudadanos. Si bien el Departamento de Justicia impulsa reformas legales que limitan el acceso a estos beneficios para algunos delitos graves, el poder judicial insiste en que el sistema actual está diseñado para lograr un equilibrio entre justicia y rehabilitación.
Por otro lado, los críticos argumentan que se necesita un enfoque más integral, que combine reformas legales con inversiones en prevención del delito, programas de rehabilitación eficaces y mejora de la infraestructura penitenciaria. Como ha subrayado el presidente Rodrigo Chaves, la construcción de nuevas cárceles, si bien es necesaria, no resolverá por sí sola los problemas estructurales del sistema penitenciario.
En definitiva, el desafío radica en encontrar un equilibrio entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Para lograr este objetivo, será necesario fomentar un diálogo inclusivo entre los distintos actores, desde los poderes ejecutivo y judicial hasta la sociedad civil, con el objetivo de construir un sistema penitenciario más justo, más eficiente y más seguro.
El debate sobre los beneficios penitenciarios no sólo resalta la tensión entre justicia y rehabilitación, sino que también refleja la complejidad de abordar uno de los problemas más apremiantes que enfrenta Costa Rica: garantizar la seguridad de los ciudadanos y al mismo tiempo promover una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.
