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Los niveles de seguridad social en España alcanzaron un total de 521.891 en los seis primeros meses del año, un incremento del 9,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Se trata de un récord histórico desde que comenzó la racha en 2013. Sin embargo, este aumento se produce en el contexto de preocupaciones y quejas de empresarios y sindicatos, que están a la espera de la propuesta de la viceprimera ministra y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Recientemente, el Comité Europeo de Derechos Sociales publicó una resolución afirmando que los actuales planes de indemnización por despido, que ofrecen un máximo de 24 meses de salario después del despido, no están en consonancia con la Carta Social Europea. Esta situación es problemática porque no compensa adecuadamente a los trabajadores ni disuade suficientemente a las empresas de despidos injustificados.
El PSOE y Sumar han acordado revisar la normativa de despidos para adaptarla a la legislación europea. Sin embargo, la medida ha causado controversia entre los ministros porque implica reconocer las críticas del Comité. Se propone la posibilidad de eliminar el límite de 24 meses de indemnización e introducir indemnizaciones adicionales según las circunstancias del trabajador de que se trate.
Los sindicatos, especialmente la UGT, han llevado esta cuestión a Europa, argumentando que las reformas laborales han provocado un aumento significativo de las bajas laborales no autorizadas. En el primer semestre de 2021, los despidos aumentaron un 97%, lo que indica que muchas empresas están utilizando estrategias para evitar pagar una compensación justa, dejando a los trabajadores desprotegidos.
Aunque algunos empleados se ven obligados a afrontar casos disciplinarios sin compensación, muchos de estos casos terminan en procedimientos de conciliación o judiciales. Esto se traduce en un bono de compensación de 33 días que resulta costoso para las empresas. De hecho, muchos prefieren justificar su despido con razones objetivas y más fáciles de argumentar en la práctica.
Las estadísticas de la Tesorería Estatal de la Seguridad Social confirman esta tendencia: el 54,9% de las bajas se clasifican como disciplinarias individuales, mientras que sólo el 41,85% se deben a causas objetivas como razones económicas o técnicas. Es importante señalar que estas cifras se basan en las justificaciones presentadas en el momento del despido, no en revisiones posteriores.
A pesar de la aparente mejora en el número de afiliados, las cifras sobre despidos y costes también muestran un aumento de las bajas por enfermedad. Este escenario se acentuó tras la reforma laboral, que provocó un aumento de los despidos, especialmente entre trabajadores recién contratados o de menor antigüedad.
El debate sobre la adaptación de los despidos sigue abierto. Algunos miembros del Gobierno temen que la revisión de este reglamento provoque inseguridad jurídica en las negociaciones. Se está discutiendo la posibilidad de mantener el límite actual pero ofrecer a los jueces más herramientas para fijar indemnizaciones más altas en casos de despido improcedente.
El PSOE y Sumar también prefieren centrarse en acuerdos que aborden la reducción de jornada antes de entrar en el debate sobre las indemnizaciones por despido. La situación actual revela un panorama complejo que requiere un equilibrio entre la protección de los derechos laborales y la viabilidad económica de las empresas.
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