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Los pequeños y medianos empresarios representados por la patronal Cepyme se pronuncian contra las “intervenciones” y la “regulación excesiva” del gobierno. Durante la Asamblea General, varios empresarios leyeron un manifiesto “por la libertad de hacer negocios” expresando su determinación y preocupación por las políticas que afectan las relaciones comerciales. En el acto asistió José Luis Escrivá al Congreso de Representantes del Gobierno, aunque también participaron el alcalde de Dardos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
Este acto fue rechazado por el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. En su discurso, Cuerva denunció las medidas del Gobierno como un ataque injusto y perjudicial a los derechos de las empresas y del país, citando el artículo 38 de la Constitución española, que garantiza la libre constitución de una empresa.
El manifiesto de las pequeñas y medianas empresas españolas por la libertad de empresa subraya las líneas rojas que el Gobierno no debe traspasar para no interferir en el buen funcionamiento de las empresas y evitar coacciones y obstáculos a su desarrollo. En definitiva, defiende la libertad de empresa, se opone al intervencionismo y a la estigmatización del emprendedor. Cepyme llama a las empresas a aprovechar un entorno regulatorio más justo.
Durante la lectura del manifiesto, los pequeños empresarios españoles defendieron “la dignidad y la libertad comercial”. Según Cuerva, “la situación ha sido comunicada oficialmente al gobierno”.
La sobrecarga legislativa y la interferencia en cuestiones como salarios e impuestos afectaron el buen funcionamiento de las empresas. “Exigimos que se rectifique esta situación”, afirmó Cuerva.
Dignidad de la sociedad, costos y control político
Los empleadores trabajan estrechamente con los sindicatos en reformas importantes y negociación colectiva. Acusan al gobierno de intentar alterar el equilibrio interno de los acuerdos sociales, citando informes sobre horarios de trabajo e injusticias en el trabajo.
Critican que en los últimos años el diálogo social se haya utilizado con fines políticos en lugar de buscar el bien común. La tensión actual en la mesa del diálogo social coincide con la implementación de reformas. “Exigimos protección gubernamental en la organización interna de las empresas”, exigen. Čepyme se negó a presentar una propuesta alternativa y ahora presenta este manifiesto, que busca proteger el diálogo social y la negociación colectiva y exige una mayor responsabilidad del gobierno.
“Pedimos lograr la protección gubernamental en la organización interna de las empresas”.
Los empresarios creen que el gobierno les impone una política de aumento de costos, gastos burocráticos, fiscales y sociales. Confirman además que los jóvenes son víctimas de la estigmatización de las empresas, basada en la búsqueda de ganancias y éxito. Confirman el papel de las empresas en la sociedad y la economía.
A Díaz se le pidió que analizara adecuadamente la productividad, los costos laborales y la vulnerabilidad de los sectores más afectados por la reforma laboral. “Hay una intromisión política en la realidad de la estructura productiva española”, critican. “Pedimos a los interesados que no tomen decisiones que tengan un impacto directo en la productividad y el funcionamiento de muchas empresas”.
Control, sobrerregulación y rigidez.
Condenan al gobierno por introducir “medidas de control, vigilancia y sanción” que reflejan una falta de confianza en el cumplimiento empresarial. Perciben una proliferación de intervencionismo a través de normas, registros y planes de eficiencia energética que aumentan las cargas burocráticas.
“Pedimos que se limite la influencia del gobierno sobre el funcionamiento y la organización interna de las empresas y que se garantice su flexibilidad. Imponer modelos europeos de flexibilidad sin adaptarlos adecuadamente será un error costoso para todos los ciudadanos españoles”, afirman.
Este punto incluye varios aspectos relacionados con la flexibilidad, como el aumento de los costos laborales, la ampliación de los motivos de despido y las intervenciones salariales, incluido el salario mínimo y la reducción de los costos laborales en los últimos años. “La interferencia a nivel gubernamental en el funcionamiento interno de las empresas viola los derechos de propiedad, la toma de decisiones y la capacidad de responder a un entorno en constante cambio”, concluyen.
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