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La reforma de la autonomía regional diferenciada se ha convertido en un dolor de cabeza para el primer ministro italiano, Giorgio Meloni. A la fuerte oposición de la izquierda se suman las críticas de los obispos que creen que la ley plantea un “peligro mortal” porque podría dividir al país en un norte próspero y un sur marginado. Esta ley, aprobada en junio, permite sólo a las regiones que soliciten al Estado tener autonomía en la gestión de hasta 23 áreas, entre ellas salud, educación y cultura.
Meloni adoptó la ley impuesta por La Liga para fortalecer su poder, aunque no era su preferencia. Esto complicó su explicación a los votantes de las distintas autonomías. Además, su socio de gobierno, Antonio Tajani, líder de Forza Italia, insiste en que la reforma debe incluir condiciones.
Forza Italia logró incluir la aprobación de Niveles Básicos de Beneficios (LEP), que garantizan estándares mínimos de servicios públicos en todo el país. El partido sostiene que la LEP no debería asociarse con una autonomía regional diferenciada y que su implementación podría reducir importantes disparidades regionales. El presidente de Calabria, Roberto Occhiuto, de Forza Italia, afirma que el 90% de la población del sur está en contra de esta autonomía.
En respuesta, el centro izquierda está presionando para que se celebre un referéndum para derogar la ley, lo que requeriría la recogida de 500.000 firmas. La situación se complica por el rechazo de la Iglesia, que expresó su preocupación por la creación de “dos italianos”. Mons. Francesco Savino, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), advirtió del riesgo de un “salvaje oeste” entre las regiones más pobres si se aplica la reforma.
Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia y presidente del SEI, también subrayó la importancia de mantener la solidaridad entre las regiones, destacando que la unidad de la República debe prevalecer sobre la división.
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