Medios relacionados – Noticias 24 horas
A partir del 2 de agosto, España empezará a aplicar la Directiva Europea de Conciliación, que introduce un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido para los padres desde el nacimiento del hijo hasta los 8 años. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta 2025 mientras el gobierno de coalición negocia los términos.
Esta directiva, aprobada en 2019, exige que todo trabajador tenga derecho a un permiso parental de al menos cuatro meses antes de que el niño cumpla 8 años. De ellos, dos meses son intransferibles y deberán ser sancionados si no se cumplen. Por ahora, el gobierno tiene otra reserva hasta agosto para adaptarse a estas demandas.
La Ley de Familia ya reconoce este derecho, pero aún está por definir cómo y cuándo se financiará, lo que deja en suspenso el pleno cumplimiento de la directiva. Los funcionarios del Ministerio de Derechos Sociales insisten en que no renunciarán a los cheques de pago de cuatro semanas, aunque algunos miembros del gobierno ya lo han hecho.
El representante de Sumar, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de licencia remunerada: 14 semanas por nacimiento y 8 por cuidado hasta que el niño cumpla 8 años. Actualmente, España ofrece 19 semanas, divididas en 16 semanas de parto y 3 semanas adicionales de lactancia.
Se propone que el PSOE amplíe el permiso de maternidad de 16 a 20 semanas y garantice el reembolso de 4 de las 8 semanas del permiso parental. Esto podría costarle al gobierno alrededor de 250 millones de euros por semana salarial. Además, si la normativa no se transpone a tiempo, la multa puede alcanzar los 53.600 euros diarios.
Hay muchas dudas e incertidumbre tanto entre los empleados como entre los empleadores sobre cómo se financiarán estos permisos. Según Catarina Capeáns, especialista en derecho laboral, la ley reconoce el derecho, pero no especifica cómo se debe pagar. Esto ha creado confusión sobre el porcentaje del salario que se destinará a estos permisos y su costo.
Mamen Sánchez, consultora laboral, también señala que la falta de claridad sobre cómo se implementarán estos permisos ha creado incertidumbre en muchas empresas. La responsabilidad de los pagos recae en el Estado, pero para que sea viable, se necesita un desarrollo regulatorio para lograr el pleno cumplimiento de la directiva para 2025.
Noticias de interés – Medios digitales
