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Los órganos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) han respondido a un proyecto de ley que busca establecer un registro público de personas condenadas por delitos sexuales, trata de personas y turismo sexual. Este proyecto fue discutido por el Comité de Seguridad y Narcóticos de la Legislatura.
La iniciativa, presentada por la actual diputada independiente Gloria Navas, tiene como objetivo principal garantizar la seguridad y el bienestar de niños, niñas y adolescentes, y busca evitar que estos grupos vulnerables entren en contacto con personas con antecedentes de delitos sexuales. especialmente esos. involucrando a los jóvenes.
La propuesta se basa en el supuesto de que debido a la naturaleza de los delincuentes sexuales, existe una alta probabilidad de reincidencia en este tipo de actividad delictiva. El registro propuesto serviría entonces para emitir avisos preventivos a nivel nacional sobre la presencia de personas con antecedentes de delitos sexuales.
Además, de inmediato fueron incluidos en este registro el poder judicial, el Fideicomiso Nacional de la Infancia (PANI), el Sistema de Emergencias 9-1-1, los municipios, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y otras instituciones públicas y privadas. De igual manera, se considera la participación de entidades educativas y de salud con el fin de fortalecer la protección de la población en general.
Rosa María Jiménez, jefa de la Sección de Violencia de Género y Trata de Personas del OIJ, enfatizó la importancia de abordar este tema debido al alarmante índice de reincidencia en casos de abuso sexual, incluso en el ámbito familiar. Jiménez señala que muchos casos de reincidencia de delitos sexuales lamentablemente culminan en el asesinato de mujeres.
Para prevenir estos delitos, el OIJ implementa planes y operativos internos que monitorean periódicamente a personas condenadas por delitos similares. La creación de un registro permitiría al OIJ monitorear de manera más efectiva a los infractores, siguiendo prácticas comunes en otros países.
Óscar Valverde, director de la Fundación Paniamor, presente en la audiencia, señaló la importancia de definir claramente el proceso de supervisión de este registro público. Se plantea la necesidad de fijar un período mínimo de seguimiento, que puede variar de 5 a 15 años, pero se subraya que incluso después de este período no debe excluirse por completo la evaluación de riesgos individuales.
En resumen, la propuesta de crear un registro público de personas condenadas por delitos sexuales en Costa Rica busca proteger a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, de personas con antecedentes penales en este ámbito. Esta medida, si se aplica correctamente, podría contribuir significativamente a la prevención del delito y a la seguridad de la sociedad en su conjunto.
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