lunes, febrero 26

los 85 países en la mira de Amnistía Internacional

Un mapa interactivo presentado este martes por la organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional expone la violencia que unos 85 Estados ejercen contra los ciudadanos que se manifiestan en sus territorios.

España, Francia, Alemania y el Reino Unido figuran entre los países europeos y Estados Unidos, México, Cuba, Nicaragua, Colombia, Perú, Ecuador y Chile entre las naciones de América incluidas. En este mapamundi digital, si se clickea en los enlaces individuales, se accede al archivo de documentos de la entidad en los que denuncia esos abusos.

«Señalar las violaciones de los derechos humanos en el mapa nos permite visualizar y hacer un seguimiento de la escala global del problema», afirmó Patrick Wilcken, investigador de Aminstía Internacional (AI) sobre Asuntos Militares, de Seguridad y Policiales.


Además, «expone a los gobiernos que no protegen el derecho a la protesta y ayuda a exigir cuentas a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley» por los abusos que cometen al reprimir las manifestaciones, añade.

Amnistía Internacional pide a los gobiernos que se replanteen urgentemente «su enfoque, que detengan esta violencia aberrante y garanticen que protegen y facilitan las protestas pacíficas».

«Uso indebido de la fuerza»


Según AI, en la mayoría de los países de América Latina que figuran en el mapa, así como en Estados Unidos, el derecho de reunión «está en peligro», pues la protesta «se trata como una amenaza», hay «militarización» y «un uso indebido de la fuerza».

En Nicaragua y en Cuba hay «legislación represiva», al igual que en Francia o el Reino Unido, mientras que en España Amnistía pide que se prohíba el uso de balas de goma.

La policía de Cuba detiene a un manifestante en La Habana, durante las marchas opositoras de julio de 2021. Foto: AFP


«Autoridades de todo el mundo recurren cada vez más al uso ilegítimo de la fuerza y a una legislación represiva para aplastar las protestas», declara la organización al difundir su cartografía de la opresión, que forma parte de la campaña «Protejamos la protesta».

El mapa muestra que los gobiernos encaran las manifestaciones «como una amenaza en lugar de como un derecho» y que las fuerzas de seguridad «creen que su papel es reprimir y someter a quienes protestan en lugar de facilitar que ejerzan sus derechos», dice AI.


En consecuencia, «miles de personas son dispersadas ilegítimamente, arrestadas, golpeadas e incluso asesinadas durante las manifestaciones», así como penalizadas por el mero hecho de estar presentes, agrega.


«La protesta pacífica es un derecho, no un privilegio, y un derecho que los Estados tienen el deber de respetar, proteger y facilitar», señala Wilcken.


El activista destaca que «en Irán, las autoridades han dado muerte de manera ilegítima a cientos de personas y detenido de forma arbitraria a decenas de miles, entre ellas menores de edad», mientras que en China «es imposible protestar pacíficamente sin sufrir hostigamiento y procesos judiciales».

Protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, presa por no usar bien el velo, en septiembre de 2022. Foto: REUTERS Protestas en Irán tras la muerte de Mahsa Amini, presa por no usar bien el velo, en septiembre de 2022. Foto: REUTERS


«Este mapa pone de relieve la necesidad de un tratado internacional para regular el comercio de material de control policial con el fin de garantizar que las armas menos letales (gas lacrimógeno, balas de goma, aerosoles de pimienta o porras) no terminan en manos de fuerzas policiales abusivas», manifiesta.


Según el último informe anual de AI, en 2022 hubo denuncias creíbles de uso ilegítimo de la fuerza a manos de agentes del Estado contra manifestantes pacíficos en al menos 86 de los 156 países examinados.


En 37 de esos lugares, las fuerzas de seguridad usaron armas letales contra manifestantes, a pesar de que no deberían emplearse para dispersar una reunión.

Además de denunciar estos abusos, el mapa, que se irá actualizando en tiempo real, detalla la legislación vigente en cada lugar sobre protestas, las publicaciones pertinentes de la ON y las sentencias de tribunales internacionales, al tiempo que explica a la ciudadanía cómo puede movilizarse.