El Ministerio Público de Guatemala amenaza con cancelar el partido de Bernardo Arévalo, antes de la segunda vuelta presidencial

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), reveló una Supuesto caso de corrupción que involucraría al partido de centroizquierda, que dio la sorpresa en estas historietas al posicionarse en la segunda vuelta presidencial y consolidarse como la tercera fuerza política en el Congreso de la República para el periodo 2024-2028. Se puso del lado del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a cargo del juez Freddy Orellana, quien ordenó la cancelación de la fiesta. Es el mismo juzgado que persiguió y encarceló al periodista José Rubén Zamora, una de las voces más críticas contra el gobierno del presidente Alejandro Giammattei. El encarcelamiento contra Zamora y la presión del gobierno provocaron la muerte y la paz del diario elPeriódico, otro de los referentes de la libertad de prensa y de la investigación periódica del país.

El caso

Según le comunicó a Rafael Curruchiche, jefe de la FECI en un video publicado en redes sociales, el caso se basa en un denunciante que en mayo de 2022 manifestó haber sido Me uní al partido Semilla ilegalmente. La fiscalía investigó y concluyó que su firma y su carta habían sido falsificadas y que no tenía sido el único. “Hay indicios de que más de 5.000 ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, falseándolos en letra y firma”, aseguró Curruchiche. Además, el recaudador ha informado de que hay indicios de que más de 5 millones de ciudadanos se han adherido al grupo político de forma ilegal falsificando la carta y la firma. La investigación, además, estableció que para la formación del partido se inscribieron 12 personas fallecidas, y que hay firmas sin nombres y hojas alteradas.

Sin embargo, los analistas políticos vienen con desconfianza la acusación. Primero, por el momento político actual; Justo cuando el partido Semilla y Bernardo Arévalo estaban confirmados para disputar el balotaje de la presidencia a Sandra Torres, exprimera dama de la nación que participó en la presidencia y perdió en dos ocasiones, en 2015 y 2019. Y segundo, porque tanto el Ministerio Público que dirige la fiscal general Consuelo Porras y la FECI de Curruchiche no tienen buena reputación. Además de ser conocidos aliados a la presidido por Alejandro Giammattei, que el gobierno disfruta solo del 3% del juicio luego de que el último médico de la encuestadora CID Gallup, ambos hayan sido denunciados por el Departamento de Estado de Estados Unidos como “actores corruptos”. Sus nombres aparecían en la sección 353 del Informe Conocido como «Lista Engel», sobre personas ajenas que participaron en acciones de ayuda a procesos o instituciones democráticas, acciones significativas de corrupción y entorpecimiento de investigaciones de corrupción, criterio estadounidense.

Una apelación ilegal

Por otro lado, el la exfiscal general Claudia Paz y Paz y el exprocurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, considera que la denuncia penal es ilegal, de acuerdo con sus pronunciamientos en redes sociales. Los partidos en la boleta no pueden ser suspendidos por un juez de rango penal, como el Juzgado Séptimo de Instancia Penal. El artículo 92 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) establece que «no se puede suspender un partido después de la convocatoria a elección y hasta que ésta se celebre». Además, el único órgano competente para conocer sobre la cancelación o suspensión de partidos políticos es el Registro de Ciudadanos del TSE y no un juez de rango penal, de acuerdo con l’artículo 155, grabado F, de la misma ley. Esto significa que no sólo es ilegal el orden del juego, sino que los implicados en esta denuncia pueden ser sometidos a un proceso penal por observar el proceso democrático y obtener algo del pueblo en contra de su voluntad.

Organizaciones civiles, universitarios, cámaras empresariales e instituciones académicas y religiosas se han pronunciado en contra del caso de la FECI a favor de la democracia guatemalteca. A raíz de esta nota, decenas de personas se concentraron frente a la sede del TSE mientras las redes sociales convocaban a manifestaciones pacíficas desde el 13 de julio hasta que se despejara la situación a favor del proceso democrático.

En declaraciones al medio de comunicación Con Criterio, el anterior jefe de la HECES Juan Francisco Sandoval, exiliado en Washington por su persecución del Ministerio Público, no descartó que “es posible, aunque sea ilegal”, que la fiscalía haya decidido suspender el partido y que Arévalo no pueda competir en la segunda vuelta presidencial. Un hecho que no tiene precedentes en la era democrática del país.