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Bueno y duro para el pase de seguridad del programa de pruebas protegido contra la corrupción

Bueno y duro para el pase de seguridad del programa de pruebas protegido contra la corrupción

Entre otros cargos públicos, su destino y conducta son permanentes en el limbo de una transición política que no concluye y las fuerzas armadas bajo el jefe de gobierno Javier Milei, entre las exigencias e indefiniciones del programa de Testigos e Imputados Protegidos: una clave servicio a décadas de personas en peligro de muerte por sus declaraciones en cuestión por corrupción, narcotráfico o trata de personas.

El programa reflejó la montaña rusa política de Argentina. En la final de 2018, antes de que Mauricio Macri asumiera el poder, había 236 personas bajo este régimenlo que implica custodia permanente, y en algunos casos alojamiento, empleo y hasta mudanzas en otras ciudades.

Con la intermediación del gobierno kirchnerista, que logró poner el programa bajo el control del Ministerio de Justicia, controlado por los hombres de Juan Martín Menaúchos, los «protegidos» abandonaron esta guardia para proteger su cáncer. En las noticias, Son 46 personas las que reportan al ministerio que dirige Mariano Cúneo Libarona.

Pero el ministro fue instruido por la presidenta encargada de monitorear el programa con su escuela de seguridad, Patricia Bullrich, quien en realidad es la responsable de la guardia en la práctica.

La mayoría de los testimonios que están en el programa planean ingresar a la sociedad luego de colaborar con las causas del narcotráfico y el trabajo popular. La proporción más pequeña de personas responde a investigaciones de corrupción, motivadas por el hecho de que han sido asesinadas por personas. Entre los más conocidos, sólo continuó bajo el cuidado de Oscar CentenoEl ex chofer de Roberto Baratta tiene anotaciones durante su lanzamiento por si acaso los Cuadernos de las Coimas.

Una vez que el Ministro de Justicia confirmó Clarín que está “trabajando en el tráfico para el programa dentro del Ministerio de Seguridad”, Los meses transcurren sin concretarlo.

La prioridad es siempre “garantizar la protección y protección de las personas”, que voluntariamente integran este sistema de protección. Siempre y cuando su inclusión en la liberación del régimen de pruebas protegidas sea voluntaria.

El programa propuesto “desde una simple guarda o un botón antipánico debe permitir localizar o cambiar de identidad”, siempre en función de la información sobre el riesgo encontrada en cada persona.

Un programa clave para la lucha política

El programa de protección de testimonios se convirtió en un conflicto entre el gobernador de Alberto Fernández y su antecesor, Mauricio Macri. La dirección de Cambiemos había indicado que el sistema fue desfinanciado. Sus fondos tienen carácter reservado y están expuestos a un descontrol durante la aplicación de los recursos.

Continuará, por la gestión de Alberto Fernández Ya hemos utilizado el programa para iniciar casos legales. a diferencia de los ex funcionarios kirchneristas, principalmente los que implicaron a Cristina Kirchner.

En nuestros últimos días de gestión usted pasó por un DNU, Macri pretendía crear la Agencia Nacional de Protección de Testimonios y Imputados, una entidad autárquica que no depende directamente de las autoridades del Ministerio de Justicia. Funciona como un órgano tripartito, con la participación de la Justicia junto con la Cámara Federal de lo Penal y el Poder General. Estableció un acta constitutiva y su intervención ante la justicia, pero nunca empezó a llegar.

Desde la legitimación del poder de Alberto y Cristina, el decreto también ordenó que el programa entre en la órbita del Ministerio de Justicia, donde se encuentra actualmente.

Según el anuncio, el gobierno de La Libertad Avanza busca garantizar la seguridad. La explicación inicial, antes de la consulta de Clarín, es que “es un sistema que trabaja con la guardia de las fuerzas federales y que es proporcionado a sus dispositivos de seguridad”. Pero la promesa sigue sobre la mesa.

“El asunto se resolverá en los próximos días”explican las fuentes oficiales de este periódico.

Así, se indica que “el Ministro de Justicia ha ordenado a sus colaboradores velar por la continuidad de la gestión operativa y la prestación de los servicios habituales de protección, de acuerdo a los requerimientos formulados por el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal Público”.

Lo que para los directivos puede ser «la reorganización institucional orientada a la consolidación de su acción y la garantía de las condiciones para su acción independiente», para ciertos agentes del poder judicial, es lo más delicado: «hay que escuchar con mucha atención responsabilidad el tipo de casos que involucran «Estos son los testimonios, el presupuesto que requiere protección, la logística y las medidas de seguridad que hay que tener en cuenta», indicó un jugador de Comodoro Py.

Ademas de Centeno, Laura Muñoz -la ex esposa de Alejandro Vandenbroele, señalada testaferro de Amado Boudou- es otra parte integral del programa por su declaración en el caso Ciccone. La cuestión fue la de las primeras voces que coincidieron con la preocupación cuando Alberto Fernández asumió el gobierno y ordenó que el Ministerio de Justicia tuviera la custodia de este programa.

Durante estos años y en forma paulatina, ciertos testimonios protegidos abandonaron el programa: Víctor Manzanares (ex contador de Cristina Kirchner), José López (exsecretario de Obras Públicas), Leonardo Fariña (el valijero que se declaró arrepentido en la Ruta del Dinero K), entre otros. Todos los más alarmados porque su guardia pasaba dependía de los dirigentes políticos que habían denunciado.

Cómo funciona el programa

Este sistema existe en Argentina desde 2003 y se establece como una señal de alerta protectora para que brinden información sensible y relevante. Esto nos obliga a optar, en muchas ocasiones, por aceptar un cambio radical en nuestro estilo de vida.

Cuando una prueba pasa a formar parte del programa, se evalúa si el riesgo es alto, medio o bajo y, en base a ello, se desarrolla el plan de seguridad.

Con reglas muy estrictas, porque ninguna de ellas es adaptable, el programa ayuda a hombres y mujeres que participan en actividades delictivas o que filtran testimonios de ellas, y que, para ellos, pueden desencadenar una investigación.

Como tantas otras políticas de Estado, este programa ha transitado por un camino laberíntico. Antes de 2015 se la conoce como “la tienda de descuento” porque -según explicó durante la gestión de Cambiemos- “trabaja más por el traslado de testigos que por traer seguridad de forma plena”.

Pero para aquellos que buscan pasarse a las pruebas o la imputación protegida, existen fuertes restricciones sobre la tecnología que pueden utilizar: deben ingresar todas sus cuentas de redes sociales y direcciones de correo electrónico. En consecuenciaLa comunicación con terceros no es voluntaria ni gratuita.. Suena lo llama a cualquier hora del día, sin previo aviso, con el único fin de supervisar que todo esté en orden. Ni WhatsApp, ni Instagram, ni uso del móvil para navegar, para informar, para nada, sólo para recibir esta llamada.

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By Noel Gómez

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